Bajo el argumento de proteger la seguridad nacional y la integridad física de sus titulares, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) intentó ocultar los costos operativos de su parque vehicular, una maniobra que colapsó ante el hallazgo de registros públicos que no solo revelan un contrato de hasta 73.3 millones de pesos, sino también irregularidades financieras y falta de penalizaciones a proveedores.
La negativa inicial a rendir cuentas se formalizó en enero de 2026. Ante una solicitud ciudadana para conocer el número de vehículos, modelos y costos, la dependencia bloqueó el acceso a los datos por un periodo de cinco años. La justificación institucional se basó en que revelar las «cualidades y características especiales de seguridad» de los automóviles ponía en riesgo la vida de los altos funcionarios del Poder Judicial.
La intervención del Comité de Transparencia forzó a la Dirección General de Recursos Materiales a rectificar parcialmente a finales de marzo. La nueva versión admitió la existencia de 151 vehículos bajo la gestión del Órgano de Administración Judicial. Se transparentó la propiedad de 60 unidades y su costo histórico de 20.2 millones de pesos, pero se mantuvo en total opacidad el gasto corriente de 91 automóviles bajo esquema de renta.
El rastreo de los procesos de contratación exhibe la información que la Corte intentó suprimir. El expediente de la licitación LPN/SCJN/DGRM/011/2021 muestra un contrato abierto por 47 meses que ampara unidades tipo sedán, vans y pickups. Los documentos de fallo establecen montos que oscilan entre los 59.7 millones y los 73.3 millones de pesos, más el Impuesto al Valor Agregado.
El nivel de detalle técnico de los anexos del contrato debilita el argumento de seguridad empleado para clasificar la información. Las bases de licitación, que son de acceso público, ya detallan que los vehículos arrendados cuentan con monitoreo satelital, micrófonos, botones de pánico y sistemas remotos de corte de inyección de combustible administrados mediante contraseñas.
Más allá del ocultamiento de cifras, los documentos internos de control exponen fallas graves en la fiscalización de los recursos públicos. Una auditoría de seguimiento detectó que la SCJN pagó facturas que incluyen 405,705 pesos por vehículos que físicamente no estaban a disposición de los usuarios finales, sumando 170 incidencias de cobro irregular a lo largo de la vigencia del contrato.
La rendición de cuentas se fractura en la aplicación de la ley hacia los contratistas. La misma auditoría interna señala la ausencia de procedimientos sancionatorios o aplicación de penas convencionales ante la no entrega de 10 unidades vehiculares reportadas. La administración de la Corte pagó por servicios no devengados y falló en ejecutar las cláusulas de protección patrimonial establecidas en sus propias bases de licitación.
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